ETA sin careta, 4/6

15.06.07 @ 08:30:00. Archivado en Europa, España, Sociogenética, Ética, Pro justitia et libertate

Publicamos aquí la última parte de la explicación detallada de cómo fue, según Aizpeolea, el diálogo del gobierno socialista con ETA. En dos entregas posteriores, publicaremos la réplica de Rosa Díez.

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Se declara la tregua

El último día del año 2005 se produjo un último encuentro entre Eguiguren y Ternera en Ginebra. El dirigente etarra comunicó al socialista que, a partir de las seis semanas siguientes, ETA haría público el alto el fuego permanente. Tardó un mes más. Ocurrió, finalmente, el 22 de marzo de 2006. Fue la tercera tregua de ETA de envergadura y provocó una gran euforia, porque parecía la definitiva. Se sustentaba en bases más sólidas que las anteriores, venía precedida de tres años sin muertos y contaba con un contexto político muy favorable. Desaparecido el IRA de la escena europea, sólo quedaba ETA practicando el terrorismo en una competencia imposible con los islamistas de Al Qaeda, y el nivel de rechazo de la violencia no sólo en la sociedad española sino en la vasca era absoluto.

ETA se ajustó en su comunicado, del 22 de marzo de 2006, a lo que Ternera se había comprometido en las conversaciones de Ginebra y Oslo. El Gobierno no esperó seis meses para hacer su declaración institucional en la que abría oficialmente el diálogo con ETA. Zapatero la materializó en el Congreso el 29 de junio. La declaración institucional gustó a Otegi, pero no a ETA, que interpretó que Zapatero soslayó la cuestión de Navarra.

Zapatero pretendía aprovechar el verano para iniciar las conversaciones de la mesa técnica, entre el Gobierno y ETA, y poner en marcha el compromiso de paz por presos. Había preparado un plan preciso de acercamientos e incluso de excarcelaciones de etarras.

En julio, poco después de la declaración del presidente, se produjo una comunicación entre el Gobierno y ETA. La representación de la banda no quiso empezar la negociación de paz por presos. Exigió que antes se reunieran los partidos para configurar la segunda mesa, la política. Esta exigencia, además de cambiar las prioridades del calendario, planteaba la necesidad urgente de que Batasuna fuese legalizada.

Batasuna no quería acogerse a la Ley de Partidos, cuya vigencia estaba en las bases del acuerdo. El clima se hallaba enrarecido entre los militantes de Batasuna porque el juez Fernando Grande Marlaska había practicado detenciones de dirigentes de Batasuna, en los primeros días del alto el fuego, acogiéndose a la vía penal, y los sectores más radicales empezaron a recuperar influencia. Marlaska había redactado un auto en enero -en el breve paréntesis entre el acuerdo de bases y la declaración de alto el fuego- por el que prorrogaba por dos años la ilegalidad de Batasuna, con lo que dejaba en papel mojado la posibilidad de que esta formación funcionase sin dificultades. Finalmente, Batasuna, presionada por sus bases, no se acogió en el verano a la Ley de Partidos y continuó en la ilegalidad.

Para superar el bloqueo, una representación del PSE se reunió en julio con otra de Batasuna, de manera oficial. No bastó a ETA. En agosto dio su primer aviso con un comunicado. Consideraba que el proceso estaba en "crisis" y lo atribuía a que los partidos no habían puesto en funcionamiento la mesa.

El Gobierno, pese al cambio de calendario, decidió seguir. Con la puesta en marcha de las conversaciones entre partidos, irrumpió en la escena el PNV. Su líder, Josu Jon Imaz, no tenía claro que se alterase la hoja de ruta y que el debate político se pusiera por delante. No obstante, accedió ante la obstinación de Batasuna. En ese momento, en septiembre, PNV, PSE y Batasuna iniciaron contactos secretos -al ser ilegal la formación abertzale- para avanzar en la constitución de la mesa de partidos. Tras una reunión tripartita en Loyola (Guipúzcoa) llegaron a un borrador de acuerdo. Batasuna pidió consultarlo pero, en una reunión posterior, sus representantes -Arnaldo Otegi y Rufino Etxeberria- rechazaron el borrador y elevaron el listón al pretender aprobar un órgano común de Navarra y Euskadi, con capacidad legislativa, en el plazo de dos años. El PNV y el PSE se plantaron y las conversaciones encallaron. Es el 10 de noviembre. Con ello se enterró también el proyecto de presentar la mesa de partidos en el marco de una Conferencia de Paz en San Sebastián que se iba a celebrar en diciembre.

El proceso encalla

Con el proceso encallado y con ETA manteniendo brotes de violencia -además de relanzar la kale borroka, a fines de octubre la banda robó 350 pistolas en el sur de Francia-, se celebró el último encuentro entre enviados del Gobierno y la banda, a mediados de diciembre.

A esa reunión ya no acudió Ternera. Le relevaron dos militantes más jóvenes. Entre ellos no estaba Txeroki, cuyo papel real en ETA, según fuentes del proceso, es inferior al de jefe del aparato militar que le atribuyen informaciones policiales. La representación gubernamental la tuvieron Eguiguren y un ex ministro del Gobierno de Felipe González. ETA presentó un planteamiento político global -con Navarra y el derecho a la autodeterminación- que la delegación gubernamental rechazó de plano. La banda, no sólo cambió el calendario, sino que tuteló políticamente a Batasuna. Pese a todo, se comprometió a no romper el proceso. Tardó 15 días en faltar a su promesa. El 30 de diciembre, colocó una bomba en Barajas, que costó la vida a los ecuatorianos Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate.

El comunicado reivindicativo del atentado, en el que decía que no pretendía causar víctimas, daba su versión sobre la reunión de diciembre: "En lugar de acordar las bases de un nuevo marco político que traiga la superación del conflicto y que reconozca los derechos de Euskal Herria, [el Gobierno] ha establecido como tope del proceso los límites de la Constitución española y de la legalidad".

Aunque el proceso terminó el 30 de diciembre, su deterioro se inició en julio, con el cambio del calendario por parte de ETA. ¿Por qué lo alteró? ¿Por qué no asumió su compromiso de ceder la política a Batasuna, acordado en las conversaciones previas?

El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, dio su explicación un mes antes de que ETA pusiera la bomba en Barajas. "La crisis obedece a la resistencia de ETA a abandonar su viejo papel de garante o tutor de los acuerdos políticos entre partidos en Euskadi y, en el fondo, a un vértigo y miedo a hacer política por la izquierda radical sin el tutelaje de las armas".

Imaz interpretaba que "la percepción de sectores de Batasuna, tras el alto el fuego, ha sido de debilidad social y política mayor que la prevista" pues "la capacidad de movilización que mostró en el alto el fuego de 1998 queda muy lejos". Y la constatación de su soledad en las reuniones de partidos, en las que no pudo imponer sus planes soberanistas al no apoyarle el PNV.

Bomba en Barajas

La bomba de Barajas y la consiguiente ruptura del proceso ya puso de manifiesto que, desde julio, ETA apostaba por un proceso que condujese a la soberanía de Euskadi mientras el Gobierno quiso un proceso de fin de la violencia, con la incorporación de la izquierda abertzale a la política. Fueron dos visiones distintas de un mismo proceso.

En los cinco meses que han transcurrido desde la ruptura del proceso hasta su formalización, con el comunicado de ETA del 5 de junio, la banda ha tratado de ganar "legitimidad" ante sus bases, sorprendidas por el atentado de Barajas. Su gran baza ha sido, según dice el comunicado del 5 de junio, "la falta de libertad en las elecciones" por la eliminación por los tribunales de todas las listas de Batasuna y la mitad de las de ANV. Pero, junto a ello, ha reconocido, sin tapujos, que su objetivo en el proceso eran la independencia y la constitución de una Euskadi con los siete territorios (las tres provincias vascas españolas, las tres francesas y Navarra).

Batasuna, después de Barajas, mantuvo tres reuniones con el PNV en las que planteó un referéndum sobre Euskadi y Navarra para 2010 en el que el Partido Socialista de Navarra (PSN) hiciera campaña a favor. El PNV no lo aceptó.

El Gobierno, a su vez, cortó el proceso de diálogo con ETA con el atentado de Barajas. Sólo le cabía la remota esperanza de que una reacción de Batasuna forzara a ETA a reconocer su "equivocación" y abandonar la violencia. Pero, fuera de algunos gestos tímidos de dirigentes de Batasuna como Otegi, no hubo tal.

No obstante, el Gobierno sí utilizó el cauce del Centro de Diálogo para saber las intenciones de ETA, tras el atentado del 30 de diciembre. E incluso pidió al Sinn Feinn que reclamara a ETA el abandono de la violencia. No sirvió de nada. Los gestos realizados por el Gobierno estos meses, tan criticados por el PP, como el traslado del etarra Iñaki De Juana al hospital de San Sebastián y la aceptación de la mitad de las listas de ANV para las elecciones municipales, no tuvieron como objetivo "contentar a ETA". El Ejecutivo ya tenía información de que eran inútiles desde esa perspectiva. Los hizo, sobre todo, para no ofrecer argumentos victimistas al entorno etarra. Y lo que terminó de convencer al Ejecutivo de que ETA iba a formalizar su ruptura fue la publicación en Gara, durante la campaña electoral, de la versión de Batasuna de las conversaciones previas al alto el fuego.En diciembre de 2006, ETA aparta a Ternera y plantea los temas de Navarra y la autodeterminación. Y el día 30 llega el atentado de la T-4 de Barajas.