Justicia y conciencia ante el 11-M
29.03.07 @ 17:54:06. Archivado en Sociogenética, Ética, Pro justitia et libertate
El tribunal deduce testimonio a Díaz de Mera, ex director general de la Policía, por un delito de desobediencia, al constatar que se niega a colaborar con la Justicia.
El juez ordena «deducir testimonio», esto es: abrir una nueva investigación para comprobar la posibilidad de un delito, en relación con los datos aportados por Díaz de Mera como testigo.
No se entiende que quien tanto hizo por las víctimas del 11-M, en el apoyo a sus familias y en la detención inmediata de algunos de los principales acusados, ahora amague con un supuesto informe que, si realmente es como lo pretende Díaz de Mera como testigo, tendría una incidencia directa en el resultado de las investigaciones.
Los policías apoyan a Díaz de Mera pero creen que le engañaron al relacionar ETA con el 11-M
Madrid. Agencias
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha mostrado su apoyo a Agustín Díaz de Mera, ex director general de la Policía, tras haber sido sancionado por no revelar en el juicio del 11-M la fuente de un supuesto informe que relacionaría a ETA con estos atentados.
La Comisión Ejecutiva Nacional de este sindicato policial señaló, a través de un comunicado, que "Díaz de Mera sigue siendo considerado por el SUP como el mejor director general que hemos tenido los policías".
Asimismo, estos representantes de los policías añaden que tras su relevo, "la Asamblea Nacional del SUP le otorgó a Díaz de Mera la insignia de oro y brillantes del sindicato, por su honradez como persona y como gestor político". "No tenemos duda alguna", añade el SUP, "acerca de la veracidad de sus manifestaciones ante el tribunal (del 11-M). Sin embargo, estamos igualmente convencidos de que la persona o personas que en su día le informaron de un supuesto informe que relaciona a ETA con los atentados del 11-M, no le dijeron la verdad".
He aquí el momento más dramático de este caso de conciencia, al comparecer Díaz de Mera como testigo durante el juicio del 11-M:
-Gómez Bermúdez: Medite usted, mucho más allá de su postura ética y del amor que dice tener por el Cuerpo Nacional de Policía, las consecuencias para las ciudadanos y sobre todo para las partes. Y cuando digo partes me refiero a los afectados por esta causa.
-Díaz de Mera: ¿Me permite hacer una brevísima intervención?
-Gómez Bermúdez: Sí.
-Díaz de Mera: Señor, aprecio mucho, mucho más de lo que pueda pensar el tribunal, las explicaciones que usted acaba de dar. Pero, mire, estoy absolutamente persuadido de que la fuente nos está escuchando. Y también estoy persuadido de que esto lo están escuchando más policías. Si ellos quieren dar el paso adelante, serán ellos los que lo den. Pero yo no sé si aquí hay una colisión entre la ley y la moralidad de un sujeto. Y yo creo que, si tengo que optar y tengo que decidir, prefiero que las responsabilidades caigan sobre mí a que caigan sobre la fuente que me facilitó esta información.
-Gómez Bermúdez: ¿No quiere usted consultar con la fuente?
-Díaz de Mera: Ni siquiera sé si la fuente tienen el teléfono intervenido, señor.
-Gómez Bermúdez: Bien, las opciones que deja al tribunal son nulas. Por lo tanto, el tribunal deducirá testimonio para que se investigue o pida que se instruya un procedimiento por desobediencia grave a la autoridad judicial, conforme al párrafo segundo del artículo 716 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
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Deducen testimonio por desobediencia a Díaz de Mera al no colaborar con la Justicia
por N. VILLANUEVA / D. MARTÍNEZ. MADRID
Poco se imaginaba el ex director general de la Policía Agustín Díaz de Mera que entraría a la sala de vistas del 11-M como testigo y saldría de ella pagando una multa de 1.000 euros y con una deducción de testimonio por un delito de desobediencia (lleva aparejado una pena de entre seis meses y un año de prisión). El motivo de este castigo fue la negativa del máximo responsable policial en el momento de los atentados a dar el nombre del agente que le habló de la existencia de un informe que el ex comisario general de Información Telesforo Rubio habría hecho desaparecer por los vínculos entre ETA y el 11-M que, según le había dicho su fuente, dicho texto contenía.
Ni los ruegos del presidente del Tribunal, Javier Gómez Bermúdez, que le prometió la máxima discrección y protección de esa fuente (le ofreció la posibilidad de apuntar el nombre en un papel que sólo verían los tres magistrados de la Sala) ni la advertencia de que con su actitud estaba colocando el proceso en una «situación insostenible» fueron suficientes para que Díaz de Mera obedeciera a la Justicia.
Todo comenzaba cuando, tras el interrogatorio del fiscal-jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, que había transcurrido con total normalidad, llegó el turno de las acusaciones. Fue precisamente el abogado de la asociación Ayuda a las Víctimas, José María de Pablo, uno de los letrados que defiende los vínculos de ETA con el 11-M, el que, quizá sin quererlo, colocó al testigo en una de las situaciones probablemente más incómodas que ha vivido en su trayectoria personal y profesional. De Pablo preguntó al testigo por un informe del que Díaz de Mera había hablado en una entrevista en la emisora de radio que más se ha distinguido por defender teorías alternativas a la investigación policial y judicial. En ella, el ex mando policial, hoy eurodiputado del PP, había manifestado literalmente que dicho texto contenía «indicios y pruebas de las conexiones con ETA en un número significativo y preocupante». Cuando el letrado, con buena fe procesal, quiso ahondar en un aspecto que beneficiaba su estrategia de acusación, Díaz de Mera empezó a hablar del informe con tal lejanía que no sólo admitió no haberlo visto y conocer su contenido a través de referencias, sino que aseguró que tampoco conocía a sus autores ni si alguien lo había hecho desaparecer. Así transcurrió el interrogatorio de De Pablo a Díaz de Mera.
-Abogado (A): ¿A qué informe se refería en esa entrevista?
-Díaz de Mera (DdM): Al mismo que usted.
-(A): ¿Puede precisarnos qué informe es?
-(DdM): Yo conozco lo que dice, las generalidades; no conozco con precisión el contenido.
-(A): Usted habla de dos autores concretos. ¿Puede decirnos quiénes son los autores?
-(DdM): No puedo decírselo porque no lo sé y la fuente tampoco me dio el nombre completo de los autores. Me dijo que eran un hombre y una mujer.
-(A): Cuando usted dijo «de la existencia de ese informe sabemos muchos»... Eso. ¿qué quiere decir, que todos los mandos conocían la existencia de ese informe?
-(DdP): Unas 10 ó 15 personas
-(A): ¿Lo conocía el que en el momento de esa entrevista era comisario general de Información, Telesforo Rubio?
-(DdM): A mí se me dice que es el comisario general de Información quien lo encarga.
-(A): ¿Y sabe usted quién dio la orden de hacer desaparecer ese informe?
-(DdM): Yo nunca he dicho que alguien haya dado la orden de hacerlo desaparecer
-(A): ¿Cuál es esa orientación que no quisieron seguir los que elaboraron ese informe?
-(DdM): Presumiblemente la controversia falazmente establecida y con potencia reflejada en los medios entre la versión oficial y la conspirativa.
-(A): Esa orientación previa sería para reforzar esa versión oficial...
-(DdM): Así se me indica a mí
-(A): ¿Quién es la persona que le habla de este informe?
Fue entonces cuando el presidente del Tribunal ordenó a un funcionario que acercara al testigo un papel y un bolígrafo con el objeto de que consignara el nombre del policía para el que el Tribunal pudiera valorar su utilidad cara al futuro. Díaz de Mera, por tanto, no tenía que identificar al hipotético agente en público. El testigo se escudó en un primer momento en que delatarle sería poner en peligro la seguridad del agente. «Es de sentido común que la Policía es un órgano jerarquizado», dijo Díaz de Mera para justificar su negativa. «Ya, pero de proteger a la fuente ya nos encargamos nosotros», le respondió el presidente del Tribunal. Al seguir negándose, Gómez Bermúdez recordó al ex responsable policial el artículo 716 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que señala que cuando los testigos sean de referencia tendrán que identificar a la fuente. «Esto es una obligación que no tiene límites», le recordó Gómez Bermúdez.
Después de informarle de las consecuencias de su negativa (el delito de desobediencia está castigado con multa de 200 a 5.000 euros y si se persiste en dicha negativa, con prisión de seis a un año), Díaz de Mera se mantuvo firme y siguió sin soltar prenda, pese a que era perfectamente consciente, y así lo manifestó, de que estaba poniendo al Tribunal en una «situación comprometida». Tanto lo era que, para que entrara en razón, los magistrados acordaron hacer un receso de cinco minutos. No cambió la situación. «Mire, señor, la fuente es rigurosa, fiable y honesta, y yo por el Cuerpo Nacional de Policía tengo un profundo respeto. Si doy su nombre no podría ir más en vertical por la vida. Aceptaré cualquier decisión del Tribunal».
«Se lo ruego»
Fue entonces cuando Gómez Bermúdez decidió intervenir de nuevo: «El Tribunal, desde luego, también aprecia y valora el trabajo de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero lo que no puede hacer usted es, por un lado, afirmar que su fuente es fiable y honesta y por otro negarse a identificarla, porque entonces está colocando este proceso, ya de por sí complicado, en una situación insostenible».
«Le ruego -continuó-; fíjese que le estoy rogando, que medite mucho más allá de su postura ética y del amor que dice que tiene por la Policía que consigne el nombre de la fuente, y mire las consecuencias de su decisión para los ciudadanos, las partes y las víctimas». Pero Díaz de Mera ya tenía tomada su decisión: no sería él quien colaborara para esclarecer la verdad que él mismo lleva tres años reclamando.
POOL
Javier Gómez Bermúdez, presidente del Tribunal, le comunicó al ex director de la Policía la imposición de una multa de mil euros por desobediencia grave.
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Un silencio inaceptable,
Editorial ABC, Jueves, 29 de marzo de 2007
El ex director general de la Policía Agustín Díaz de Mera cometió ayer algo más que un error inexcusable durante su declaración en la vista oral del 11-M. No es cuestión de hacer un juicio de intenciones sobre su negativa a revelar la fuente que le comunicó la existencia de un supuesto informe policial sobre la relación de ETA con los atentados.
Las razones por las que tomó esta decisión pertenecen a su fuero interno, pero es evidente que, cualesquiera que fueran, debió anteponer su deber de colaboración con la Justicia a un muy subordinado compromiso moral con su fuente. Su testimonio ha sido un duro golpe al proceso, una generación de dudas perfectamente evitable, porque si hay alguien en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tiene información, por mínima que sea, sobre la autoría del atentado, debe ser llamado al juicio para declarar ante el Tribunal. Es una incongruencia absoluta que adopte esta postura quien, como máximo responsable de la Policía, desempeñó sus funciones en la lucha antiterrorista. Más aún, no se entiende que quien tanto hizo por las víctimas del 11-M en el apoyo a sus familias y en la detención inmediata de algunos de los principales acusados ahora amague con un supuesto informe que, si realmente es como dice Díaz de Mera, tendría una incidencia directa en el resultado de las investigaciones.
Con toda razón, el presidente del Tribunal le pidió insistentemente que valorara «la situación en que coloca el proceso». Y con la misma razón no tuvo más remedio que imponerle una multa y deducir testimonio por un posible delito de desobediencia grave, pues como testigo tenía obligación de contestar la verdad.
La actitud del juez Gómez Bermúdez no pudo ser más ajustada a las consecuencias que se preveían si Díaz de Mera persistía en una negativa tan injustificada legalmente como incomprensible para la opinión pública y las propias víctimas. Además, Díaz de Mera no reparó en que, como primer cargo político del Gobierno del PP llamado a declarar, iba ser un objetivo seguro de interrogatorios incómodos y orientados a demostrar las supuestas mentiras u ocultaciones de la autoría islamista por parte del Ejecutivo de Aznar. Aquel Gobierno no se merecía esta impronta tan negativa que ha dejado Díaz de Mera, porque si algo está demostrando el juicio es que nadie mintió cuando señaló a ETA como probable autora del atentado y nadie ocultó información a los ciudadanos sobre los descubrimientos de las pistas que acabarían desembocando en la célula yihadista y sus cooperadores de la trama asturiana.
No hay otro momento ni otro lugar más adecuado para hablar de ETA y el 11-M que este juicio y la sala en la que se celebra. Esas llamadas «teorías de la conspiración» -de las que nadie, sea de las defensas o sea de las acusaciones, se está ocupando en el juicio- tenían en el informe aludido por Díaz de Mera una ocasión inmejorable de someterse al filtro de las pruebas ante el Tribunal. Pero la decisión del ex alto cargo del PP de hurtar al juicio la posibilidad de una nueva prueba, quizá decisiva, quizá irrelevante, sólo contribuye a mantener esas teorías en el terreno impune de la especulación incontrolada que, con total desparpajo, acusa, sin solución de continuidad, a los servicios secretos marroquíes, a ETA, a los servicios de inteligencia del Estado y a una conjura de policías y guardias civiles. Teorías hechas de forma que no admiten verificación alguna, pero que han dañado gravemente al PP al instalar en la opinión pública la falsa ecuación de que el Gobierno de Aznar salva su responsabilidad política sólo si aparece ETA por medio, como si la autoría islamista fuera en prueba de una supuesta culpa del PP por el atentado, cuando lo cierto es que gracias a su gestión policial posterior al 11-M hoy se está celebrando este juicio con la amplitud de acusados y pruebas que presenta.
En todo caso, quienes con tanto empeño reprochan a ciertos mandos policiales el miedo a que ETA aparezca en el juicio del 11-M, deberían ahora ejercer su censura con igual rigor sobre la inmoral decisión de Díaz de Mera de hacer exactamente lo mismo, es decir, evitar que la Justicia pueda saber si ETA tuvo o no algo que ver. Por cierto, que no estaría de más que Ángel Acebes, secretario general del PP y en marzo de 2004 ministro de Interior, se pronunciase sobre el inaceptable silencio del que fue responsable de la Policía bajo su mandato.
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Los sindicatos policiales defienden a Díaz de Mera
El SUP y el CEP han defendido al ex director general de la Policía
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha expresado en un comunicado su convencimiento de que la persona o personas que en su día informaron al ex director general de la Policía Agustín Díaz de Mera de la existencia de un documento que recogía las supuestas vinculaciones entre ETA y el 11-M "no le dijeron la verdad".
Por otra parte, el secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), Ignacio López, instó a "los más altos responsables de Interior" a "investigar el contenido del informe en el que se vinculaba a ETA con el 11-M" después de escuchar las declaraciones de Díaz de Mera.
En su comunicado, el SUP señala que no tiene duda alguna acerca de la veracidad de las manifestaciones de Díaz de Mera ante el tribunal que juzga los hechos por el 11-M. Además, subraya que Agustín Díaz de Mera "sigue siendo considerado" por el Sindicato Unificado como "el mejor director general" que han tenido los policías.
"Es digno de tener en cuenta la necesidad que manifiesta el ex director de la Policía de mantener el anonimato de la fuente por el posible riesgo que pueda correr el funcionario que redactó el informe", aseguró el secretario general del CEP, que añadió que "es indigno que los profesionales de la Policía tengan que estar ocultándose como vulgares confidentes ante el temor de que sus carreras se puedan ver perjudicadas por las emisiones de informes que puedan contrariar el interés político de cada momento".
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Rajoy: "Díaz de Mera debe colaborar con la justicia"
Rajoy asegura que Díaz de Mera «debe colaborar con la justicia» en el juicio por el 11-M
