Por las lenguas que nos unen

24.06.08 @ 10:45:45. Archivado en Europa, Las Américas, Universidades, Hispanobelgas, España, Sociogenética, Antropología, Convivencias europeas, Ética, Didáctica, Educación, Pro justitia et libertate, Turismo convivencial

El español como lengua común de España, de gran parte de América y de otros países, es oficial en todos ellos porque es su koiné; lo que significa que les es común en el sentido de que permite a todos sus hablantes el entenderse sin necesidad de traducción ni de interpretación.

Esta ventaja comunicacional es comparable con la que ofrecen como protección contra la intemperie el tejado, los cimientos y los muros comunes de una gran casa comunitaria a todos los que viven dentro de ella. En ambos casos la ventaja común existe sin menoscabo de las ventajas diferenciales que el hablante o el habitante pueden seguir disfrutando en su vida más privada. En ambos casos seguirán valiéndose para la vida comunitaria de esta ventaja en común que también considerarán como propia.

Conviene saber que los lingüistas consideramos como koiné la "Lengua común que resulta de la unificación de ciertas variedades idiomáticas" DRAE. El español, nacido como lengua mestiza del castellano, no en solitario, sino en relación sociogenética con otras muchas lenguas, fue buscado y aceptado en toda España y en toda la hispanofonía como lengua mestiza de convivencia; su utilidad no fue impuesta, sino que fue engendrada tras ser buscada. Aquende y allende el Atlántico y el Mediterráneo, en los siglos pasados como ahora, la gente buscaba y busca el español como vehículo de cultura, de unión, de ascenso social.

La guerra de lenguas es un invento reciente de pequeños grupos extremistas, que han puesto las lenguas minoritarias al servicio de sus ambiciones políticas, convirtiéndolas en armas arrojadizas nacionalistas. Cada grupo la suya, como en Babel, lugar diabólico que escenifica la ruina del Bien Común por pérdida del sentido común y de la lengua comunitaria que lo hacían posible. Caracteriza a estos nacionalistas, enemigos acérrimos del Bien Común, el que lo sean de naciones que nunca existieron como tales. Antes de este invento no había guerra de lenguas: la lengua común y las minoritarias convivían, cumpliendo cada una su cometido propio. Así sigue practicándolas, en realidad, la mayoría de los hablantes: la común para el Bien Común de la gran comunidad de conciudadanos, sin excluir a ninguno, y la minoritaria para las relaciones familiares y cordiales propias a cada grupo.

La búsqueda del monolingüismo, promovida por los nacionalistas, fue certeramente desenmascarada y condenada por el insigne lingüista vasco Miguel de Unamuno, en un texto de los años treinta del siglo pasado, que los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos ocultan celosamente, por miedo de ver desprestigiado su empeño por desconectar a su pueblo del mundo, para mantenerlo en su exclusiva dependencia totalitaria.

Hacer obligatorio el conocimiento de una lengua minoritaria, cuando ya existe una lengua común, es obrar contra la justicia, imponiendo por capricho totalitario una obligación fuera de toda necesidad. En territorios donde la totalidad de las personas hablan la lengua común, sin que nadie, excepto los extremistas, quiera eliminar las otras lenguas, ¿a qué conduce ese conflicto entre las lenguas minoritarias y la lengua común? "Las lenguas comunes se han inventado para unir, para entenderse dentro y fuera" (R. Adrados). Lo peor que podría pasarles a los defensores del monolingüismo de las lenguas minoritarias es ganar esas guerras aislacionistas, porque sus hablantes quedarían reducidos en su capacidad de comunicación a mínimos territorios aislados.

La búsqueda de una koiné no es cosa sólo de los pueblos hispánicos, sino que es un fenómeno pancrónico general. Las grandes culturas, tanto europeas como no europeas, entre las cuales cabe recordar como ejemplos tanto la celta, la latina y la griega como la sánscrita, la árabe y la china, expandieron grandes lenguas comunes, para que sus hablantes se entendieran tanto en el ámbito cultural como en el religioso, en el administrativo y en el económico, sin excluir sino potenciando el ámbito personal y familiar. En las grandes naciones sólo hay una sola lengua común, cuya característica principal no es su origen más o menos prestigioso, sino el ser buscada por todos como tal lengua común. Así sucedió con el latín en el Imperio Romano, con el español en los países hispánicos y con el inglés en la Commonwealth of Nations, etc. Tanto éstas como todas las lenguas comunes o koinés son "un fenómeno socio-político-cultural que responde a la necesidad de entenderse en un amplio territorio. Es algo prepolítico y postpolítico, sólo secundariamente político". (R. Adrados).

"Someter las lenguas comunes a castigo y persecución es regresión. Mal para todos. Es ir contra la historia, el mutuo entendimiento y el progreso" (R. Adrados). Es como si los habitantes de una casa comunitaria decidieran suprimir el tejado, los cimientos y los muros exteriores comunes, para quedarse con sus apartamentos respectivos suspendidos en el aire. Sin embargo, es lo que hoy se hace en España con el español, segunda lengua común de ámbito internacional. Los nacionalistas antihispanistas pretenden hacer vivir a la intemperie a quinientos millones de hablantes cuya casa común es la lengua española.

Estas ideas fundamentales y muchas otras las aprendimos desde los años cincuenta y sesenta, tanto en España como en el resto de Europa, todos los que teníamos oídos para oírlas o leerlas de los labios y de la pluma de Francisco Rodríguez Adrados, nuestro gran maestro del helenismo, del comparatismo, del humanismo y de la lingüística general.

Salvador García Bardón, El español, nuestra gran casa común
09 Ago 2007.

En nombre de la Amistad Europea Universitaria y en mi nombre propio suscribo el "Manifiesto por la lengua común" de todos los hispanohablantes, presentado ayer en Madrid por un grupo de Colegas y Amigos, tan sensibles como nosotros y como nuestro maestro común Adrados a la necesidad de defender las lenguas que nos unen, para vivir en justicia y en libertad, es decir: en democracia auténtica.

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MANIFIESTO POR LA LENGUA COMÚN

Desde hace algunos años hay crecientes razones para preocuparse en nuestro país por la situación institucional de la lengua castellana, la única lengua juntamente oficial y común de todos los ciudadanos españoles. Desde luego, no se trata de una desazón meramente cultural -nuestro idioma goza de una pujanza envidiable y creciente en el mundo entero, sólo superada por el chino y el inglés- sino de una inquietud estrictamente política: se refiere a su papel como lengua principal de comunicación democrática en este país, así como de los derechos educativos y cívicos de quienes la tienen como lengua materna o la eligen con todo derecho como vehículo preferente de expresión, comprensión y comunicación.

Como punto de partida, establezcamos una serie de premisas:

1. Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, pero sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y por tanto sólo una de ellas -el castellano- goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conocen. Es decir, hay una asimetría entre las lenguas españolas oficiales, lo cual no implica injusticia de ningún tipo porque en España hay diversas realidades culturales pero sólo una de ellas es universalmente oficial en nuestro Estado democrático. Y contar con una lengua política común es una enorme riqueza para la democracia, aún más si se trata de una lengua de tanto arraigo histórico en todo el país y de tanta vigencia en el mundo entero como el castellano.

2. Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas. O sea: los ciudadanos que hablan cualquiera de las lenguas cooficiales tienen derecho a recibir educación y ser atendidos por la administración en ella, pero las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias en educación, información, rotulación, instituciones, etc... en detrimento del castellano (y mucho menos se puede llamar a semejante atropello «normalización lingüística»).

3. En las comunidades bilingües es un deseo encomiable aspirar a que todos los ciudadanos lleguen a conocer bien la lengua cooficial, junto a la obligación de conocer la común del país (que también es la común dentro de esa comunidad, no lo olvidemos). Pero tal aspiración puede ser solamente estimulada, no impuesta. Es lógico suponer que siempre habrá muchos ciudadanos que prefieran desarrollar su vida cotidiana y profesional en castellano, conociendo sólo de la lengua autonómica lo suficiente para convivir cortésmente con los demás y disfrutar en lo posible de las manifestaciones culturales en ella. Que ciertas autoridades autonómicas anhelen como ideal lograr un máximo techo competencial bilingüe no justifica decretar la lengua autonómica como vehículo exclusivo ni primordial de educación o de relaciones con la Administración pública. Conviene recordar que este tipo de imposiciones abusivas daña especialmente las posibilidades laborales o sociales de los más desfavorecidos, recortando sus alternativas y su movilidad.

4. Ciertamente, el artículo tercero, apartado 3, de la Constitución establece que «las distintas modalidades lingüísticas de España son un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». Nada cabe objetar a esta disposición tan generosa como justa, proclamada para acabar con las prohibiciones y restricciones que padecían esas lenguas. Cumplido sobradamente hoy tal objetivo, sería un fraude constitucional y una auténtica felonía utilizar tal artículo para justificar la discriminación, marginación o minusvaloración de los ciudadanos monolingües en castellano en alguna de las formas antes indicadas.

Por consiguiente los abajo firmantes solicitamos del Parlamento español una normativa legal del rango adecuado (que en su caso puede exigir una modificación constitucional y de algunos estatutos autonómicos) para fijar inequívocamente los siguientes puntos:

1. La lengua castellana es COMÚN Y OFICIAL a todo el territorio nacional, siendo la única cuya comprensión puede serle supuesta a cualquier efecto a todos los ciudadanos españoles.

2. Todos los ciudadanos que lo deseen tienen DERECHO A SER EDUCADOS en lengua castellana, sea cual fuere su lengua materna. Las lenguas cooficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular exclusiva. En cualquier caso, siempre debe quedar garantizado a todos los alumnos el conocimiento final de la lengua común.

3. En las autonomías bilingües, cualquier ciudadano español tiene derecho a ser ATENDIDO INSTITUCIONALMENTE EN LAS DOS LENGUAS OFICIALES. Lo cual implica que en los centros oficiales habrá siempre personal capacitado para ello, no que todo funcionario deba tener tal capacitación. En locales y negocios públicos no oficiales, la relación con la clientela en una o ambas lenguas será discrecional.

4. LA ROTULACIÓN DE LOS EDIFICIOS OFICIALES Y DE LAS VIAS PUBLICAS, las comunicaciones administrativas, la información a la ciudadanía, etc... en dichas comunidades (o en sus zonas calificadas de bilingües) es recomendable que sean bilingües pero en todo caso nunca podrán expresarse únicamente en la lengua autonómica.

5.. LOS REPRESENTANTES POLÍTICOS, tanto de la administración central como de las autonómicas, utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua castellana lo mismo dentro de España que en el extranjero, salvo en determinadas ocasiones características. En los parlamentos autonómicos bilingües podrán emplear indistintamente, como es natural, cualquiera de las dos lenguas oficiales.

Firmado por Mario Vargas Llosa, José Antonio Marina, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Albert Boadella, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio Lastra, Carmen Iglesias, Carlos Martínez Gorriarán, José Luis Pardo, Alvaro Pombo, Ramón Rodríguez, José Mª Ruiz Soroa, Fernando Savater y Fernando Sosa Wagner